El fin del subdesarrollo
A la memoria de Néstor Kirchner (1950-2010).
Después de un largo intervalo de tiempo, el mundo vuelve otra vez a prestar atención en América Latina. No porque finalmente las fórmulas económicas del Banco Mundial y del FMI hayan permitido la estabilidad de la moneda, y menos porque los gurús de los gobiernos de EE.UU y Unión Europea se feliciten del pacto social regional y externo que se articula a partir del subcontinente. Lo que atrae a docenas de periodistas internacionales a un debate entre candidatos a la presidencia de Brasil, o lo que hace con que el gobierno de Venezuela sea citado alrededor del planeta por sus ideas y no por la conducta política desastrosa de un pasado ahora distante, es la posibilidad concreta de un cambio económico en la región. Un cambio que ha sido gestado desde hace 200 años, con los primeros éxitos de los movimientos de independencia en Haití y América del Sur, pero que se ha interrumpido constantemente por afectar los intereses de las naciones más desarrolladas.
A pesar de todo, se lograron importantes avances, sobretodo en las décadas del desarrollismo latinoamericano, entre 1940 y 1970. En ese entonces, México, Brasil, Argentina, Chile pudieron, bajo las orientaciones de expertos de la CEPAL, modernizar su estructura productiva e industrializarse, reduciendo significativamente la dependencia económica respecto a los países centrales. Sin embargo, el boicot liderado especialmente por EE.UU impidió que ese proceso se acompañara de un programa radical de redistribución de riquezas. Así, los avances nacionales populares alcanzados por el trabalhismo brasileño de Vargas y Goulart, por el socialismo democrático chileno de Allende, o por el peronismo argentino, sufrieron drásticas derrotas tras los golpes militares financiados y articulados por Washington. El resultado es que la desigualdad, la pobreza y la miseria siguen siendo, a principios del siglo XXI, la característica más perceptible del modelo de desarrollo latinoamericano.
Quizás el equívoco central de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones haya sido, desde el principio, una tolerancia demasiado grande con la participación del capital monopolista internacional. Compañeras inseparables de inversiones del estado y de la burguesía nacional en Latino-américa, las empresas multinacionales extranjeras supieron como abarcar sectores estratégicos de la producción de estos países, en especial el de vehículos, distribución de combustibles, informática y alimentos industrializados. La dependencia económica del subcontinente comienza con estas pequeñas, pero determinantes, concesiones al capital extranjero, cuya dominación no puede convivir con un proyecto nacional en el que nuestros gobiernos tengan autonomía para ejecutar una política económica y social progresista.
A eso se suma la concepción dualista cepalina que durante buen tiempo rotuló la economía rural de retrasada, privilegiando el camino de la modernización urbana industrial. Cuando, por fin, la critica al latifundio pasó a integrarse al análisis económico estructuralista a mediados de los años 1960, ya se había producido un importante éxodo rural, lo que reforzó la posición política de los terratenientes conservadores en el campo. Desde luego, la creciente presión de los movimientos campesinos por la reforma agraria trajo temor en las clases medias urbanas, cuyo apoyo al proyecto nacional-popular se iba disminuyendo poco a poco. La radicalización política de lado y lado puso el golpe al orden del día.
En Brasil, como también fue el caso en muchos otros países icones del desarrollismo industrial, el golpe alzó al poder los sectores más conservadores de la sociedad, poniendo fin al proyecto nacional-popular, cambiándole la prioridad de los gastos del estado hacia los oligopolios nacionales y extranjeros, además de retroceder en los avances en términos de las estructuras de seguridad social que se venían construyendo hasta entonces. La derecha se mantuvo así hegemónica en el estado brasileño desde 1964, mezclando periodos autoritarios con democráticos, combinando ciclos más intervencionistas con otros más liberales.
En función de los graves errores cometidos por los gobiernos dictatoriales, un gran conjunto de países latinoamericanos se hundió en la peor de sus crisis económicas, entre principios de los 1980 y finales de los 1990, cuya característica principal fue el quiebre de la capacidad financiera de los estados seguido de un duro periodo hiperinflacionario. En estas condiciones de inédita debilidad política y económica, el neoliberalismo pudo triunfar, de manera más o menos profunda, según el país. De todas formas, por todas partes el estado tuvo que ceder terreno a los intereses monopolistas. A finales de los 1990, las reformas del Consenso de Washington habían dejado como herencia en la economía de esos países un proceso de desindustrialización y vulnerabilidad externa, cuyo impacto social en la población que trabaja fue el de la inseguridad económica, precarización e informalidad del empleo y desigualdades crecientes .
La incapacidad del modelo neoliberal en producir crecimiento estable y paz social, produjo una serie de protestas locales de sectores organizados da la sociedad civil en América Latina, a partir de la revuelta zapatista del 1994. Comenzaba ahí a gestarse una nueva estrategia regional de desarrollo nacional-popular. Más recientemente, la crisis económica global parece haber producido el golpe final en la legitimidad de la dominación neoliberal, y en la credibilidad de sus intelectuales orgánicos, los economistas conservadores. De hecho, hay que comprender la crisis del régimen neoliberal de acumulación y de su base de sutentación ideológica (el discurso económico ortodoxo) como un lento proceso que se va desarrollando durante los últimos quince años. Las victorias históricas obtenidas por las izquierdas y movimientos sociales latinoamericanos a lo largo de este periodo son una ilustración de la transformación política que se está viviendo actualmente. Momentos clave de esa transición hacia una era posneoliberal son, seguramente, las elecciones de Chávez, Correa y Morales, en los países andinos, y de Cristina de Kirchner, Lugo y Mujica, en el cono sur, y de Lula da Silva en Brasil.
Pero no el Lula del 2003, sino el Lula del 2007. En realidad, profundos cambios en la composición de los intereses representados en el estado brasileño se han producido desde el 2006, tras una crisis política que derrocó al ministro de economía ultraconservador de Lula, Antonio Palocci. Así, el segundo gobierno del PT estuvo marcado por los aumentos de los gastos sociales e inversiones estatales, conducido por economistas de orientación heterodoxa en el seno del estado. Este nuevo pacto desarrollista dió legitimidad para los experimentos radicales que se ensayaban en otras partes de América Latina, reforzados igualmente por una nueva conducta en la política externa de Brasil, de proximidad a los ideales nacionalistas y populares, antes diseminados únicamente por un aislado Chávez y un convaleciente Castro.
Lo que más le da fuerza e ese nuevo modelo, que rescata muchos elementos del debate estructuralista latinoamericano de mediados de siglo pasado, es el éxito económico logrado tras la ruptura con algunas de las premisas más destacadas del Consenso de Washington. La interrupción de las privatizaciones, la recuperación de la capacidad de inversión del estado, la distribución de ingreso como objetivo de política económica, la estatización de los sectores de educación y salud, el aumento de los subsidios públicos para los trabajadores más pobres, son algunas de las medidas posneoliberales adoptadas que, contrariamente de lo que predecían los economistas conservadores, produjeron crecimiento económico con relativa estabilidad de precios. El fortalecimiento de este conjunto de políticas económicas y sociales neodesarrollistas que permiten que los países del subcontinente logren tornarse sociedades de bienestar dependerá de la superación de importantes contradicciones que todavía subsisten en la región.
En Brasil, se registraron cambios esenciales en la estrategia económica durante el gobierno Lula si comparado al de su antecesor Fernando Henrique Cardoso. Se destacaron especialmente una recuperación más importante en el salario mínimo (crecimiento de 60% por encima de la inflación); el establecimiento de un ingreso mínimo (el programa bolsa família, en portugués) extendiéndolo a prácticamente la totalidad de las familias miserables del país; un programa de ampliación del acceso a la universidad pública y privada, multiplicando por dos el número de jóvenes entre 18 y 24 años estudiando en nivel superior; y el aumento en los gastos públicos sobretodo en proyectos estratégicos de infraestructura (conocido por la sigla PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que consumió R$500 mil millones entre el 2007 y el 2010). Este amplio programa económico y social se elaboró antes que la crisis afectara el país. Por lo tanto, fue el aumento en el poder de compra de las clases más bajas que explica la rápida recuperación económica de Brasil, y no tanto las tímidas medidas contracílicas (y marcadamente liberales) anunciadas por el gobierno. De todas formas, es importante que se diga igualmente que la política económica de Lula también diverge de la de Cardoso en lo que se refiere a la reacción ante una crisis internacional. En consecuencia de las crisis asiática y rusa entre 1997-1998, Brasil no apenas aumentó los intereses para evitar pérdidas en las reservas, como devaluó la moneda abruptamente en enero del 1999. En un contexto de reducción de gasto público, eso implicó en largos meses de recesión. En cambio, en el 2009 la administración del PT determinó que se irrigara el mercado financiero con R$100 mil millones, para evitar que las salidas de capital afectaran la oferta de crédito en la economía.
Si, en general, los más pobres y sobretodo los trabajadores menos calificados no sufrieron tanto los impactos de la crisis como antes, y pudieron sostener su nivel de consumo gracias a la expansión observada en el empleo, ingresos y en la deuda pública, parece no haber duda de que las clases más altas fueron, sin embargo, las más privilegiadas por este gobierno. Las tasas de interés están más bajas ahora, pero son todavía las más grandes del mundo, remunerando a los rentistas y el capital especulativo como en ninguna otra parte.
A pesar del enorme éxito de la economía durante el segundo gobierno Lula (2007-2010) en términos de reducción de la pobreza extrema y de vulnerabilidad externa para cifras históricamente bajas, produciendo las tasas de crecimiento del PIB más fuertes de los últimos 25 años y la recuperación económica más rápida de la crisis del 2008 entre países altamente industrializados, no se puede afirmar que ello constituya una transformación en el régimen de acumulación en el país. El neoliberalismo, a pesar de las reformas por las que pasó en el último gobierno Lula, todavía se presenta como un fundamento filosófico importante de su política económica.
Tómese por ejemplo la relación salarial, institución central en la caracterización de un régimen de acumulación. Bajo Lula, los ingresos de las clases más bajas crecieron como nunca antes. Sin embargo, los beneficios indirectos, como aquellos asociados a la salud del trabajador, permanecieron estacionados. Los gastos gubernamentales en los programa de bienestar poco progresaron, manteniendo las deficiencias históricas en el servicio público. Además, nada se ha hecho para interrumpir la tendencia de flexibilización de las relaciones de trabajo en el país. Como resultado, la tasa de sindicalización cayó para su nivel más bajo en el periodo democrático, la informalidad sigue enorme, y la remuneración de los CEOs ha alcanzado valores muchas veces superiores a lo que se observa incluso en países centrales. Sin sorpresa, la participación de los salarios en la riqueza nacional conoció su nivel más bajo en la década del 2000, a pesar de una pequeña recuperación en el 2009.
Más importante aún, la reforma tributaria con principios progresistas, fundamental para que se disminuya de manera sostenible la desigualdad, fue postergada por el gobierno Lula. Y la política monetaria, otra institución clave de un régimen de acumulación, no ha sido objeto de cambios significativos. El Banco Central mantuvo durante los últimos 8 años su orientación neoliberal en la determinación de dos de los más importantes precios de la economía que tiene bajo su responsabilidad: las tasas de cambio e interés. Al contrario, la independencia del BC se aceleró durante ese periodo. Incluso el PT consideró la posibilidad de nombrar a Henrique Meirelles, presidente del BC candidato a vice-presidente en las elecciones del 2010.
Una ruptura concreta con el neoliberalismo presupone obviamente el control estatal sobre el Banco Central y la política monetaria, actualmente bajo los intereses del mercado. Mientras estas instituciones permanezcan independientes y reguladas según decisiones “técnicas”, obedeciendo las premisas de la eficiencia de los mercados, Brasil seguirá rehén de los capitales financieros y monopólicos. Y América Latina no logrará concretar los avances hasta aquí acumulados rumbo a un modelo posneoliberal, nacional-popular, soberano y económicamente independiente.
Pedro C. Chadarevian
Professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de São Carlos. Doutor em Economia pela Universidade de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle.
http://pedrochadarevian.wordpress.com/
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Texto apresentado no IV Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos. Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Buenos Aires, 2010.
